¿Inclusión real o integración formal? 

La inclusión avanza en nuestro vocabulario. No tanto en nuestras prioridades

 Primera voz: Juan Corchado (inspección educativa)

Decimos inclusión con una facilidad que debería inquietarnos. Aparece en proyectos, programaciones, discursos y cursos de formación. Pero entre nombrarla y practicarla existe una distancia que no se recorre añadiendo apartados a una plantilla. Podemos tener todos los documentos en regla y seguir dejando a algunos alumnos y alumnas en los márgenes.

Durante demasiado tiempo hemos entendido la escuela como un molde al que el alumnado debe ajustarse. Ahora proclamamos que debemos atender la diversidad, pero conservamos buena parte del molde: tiempos uniformes, contenidos acumulativos, agrupamientos rígidos y formas de evaluar que esperan respuestas semejantes de personas diferentes. La diversidad es bienvenida. Siempre que no desorganice demasiado.

La inclusión nació para cuestionar esa lógica. Su raíz es ética: reconocer igual dignidad, combatir la discriminación y garantizar oportunidades reales de aprender y participar. Sin embargo, corremos el riesgo de convertir esa exigencia en una especialidad administrativa. Hemos aprendido a describir barreras con más precisión que a eliminarlas.

Si surge una dificultad, elaboramos un protocolo. Si persiste, revisamos el protocolo. Si continúa, convocamos una comisión. Entretanto, el alumno sigue allí, esperando una respuesta que quizá ya figure como realizada en alguna plataforma. La burocracia tiene esa virtud: permite cerrar actuaciones sin haber resuelto problemas.

Los documentos son necesarios cuando ayudan a comprender, decidir y proteger derechos. La cuestión es cuándo dejan de servir a esos fines y empiezan a absorber el tiempo destinado a alcanzarlos. Ningún informe sustituye una relación educativa. Ninguna casilla acredita que alguien se sienta parte del grupo.

El profesorado vive esa contradicción. Se le pide personalizar, coordinar apoyos, flexibilizar y acompañar, mientras debe terminar temarios, mantener ritmos y responder a exigencias crecientes. No todo se explica por falta de voluntad. Hay impotencia, cansancio y estructuras que reclaman cambios sin facilitar sus condiciones. Pero tampoco basta con señalar esas dificultades: necesitamos revisar las prácticas que sí podemos transformar.

El contexto no siempre acompaña. Defendemos una escuela para todos, pero a menudo juzgamos su calidad por las notas, la selectividad o el prestigio de quienes llegan más lejos. Celebramos la diversidad en los discursos y desconfiamos cuando obliga a modificar expectativas, compartir recursos o dedicar más tiempo a quien lo necesita. Queremos inclusión, aunque preferimos que no altere nuestra idea de éxito.

Así, la escuela recibe un mandato contradictorio: garantizar oportunidades para todos y distinguirse por seleccionar a “los mejores”. Lo académico importa; el problema comienza cuando eclipsa cualquier otra dimensión y convierte a determinados alumnos en obstáculos para el rendimiento colectivo.

Desde la inspección deberíamos ayudar a comprender y afrontar estas tensiones: acompañar mejoras, observar qué producen las medidas y trasladar las carencias a quienes pueden resolverlas. No siempre esa prioridad está en nuestra agenda. La garantía normativa cobra sentido cuando se conecta con la experiencia del alumnado.

Quizá estemos más lejos de la inclusión de lo que permite admitir nuestro vocabulario. Acercarnos exige recursos y técnica, pero también discutir valores: qué consideramos justo, qué estamos dispuestos a cambiar y a quién seguimos pidiendo que se adapte.

Esta es una voz. Se necesitan más, especialmente las de quienes viven esa distancia. Escucharlas puede incomodarnos. También puede impedir que sigamos confundiendo una escuela bien documentada con una escuela justa.

Desde el margen del molde: cuando la inclusión es una cuestión de dignidad o condena

 Segunda Voz: Nuria López (Directora del IES Can Balo, aulas de justicia juvenil de Baleares)

Coincido contigo, Juan. La palabra inclusión se ha desgastado a fuerza de repetirla en despachos, programaciones y claustros sin que rompa un solo esquema de la estructura tradicional. Llevamos demasiados años hablando de inclusión y es momento de empezar a practicarla. Pero déjame situarme donde las costuras de la institución se rompen del todo: en las aulas de justicia juvenil de Baleares, desde la dirección del IES Can Balo. Aquí nuestro alumnado ya no está en los márgenes; hace muchísimo tiempo que está fuera del sistema, siendo el resultado exacto de la expulsión progresiva e invisible de un molde que nunca estuvo diseñado para ellos.

Dices que conservamos el molde (tiempos uniformes, agrupamientos rígidos, evaluación estandarizada) y no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, en el ámbito de la vulnerabilidad extrema, la consecuencia de no tocar ese molde no es solo el fracaso escolar: es la exclusión social, la etiqueta judicial y la personalización de la culpa. Para nuestro alumnado, la integración formal ha sido a menudo una sucesión de ajustes trazados desde una visión puramente asistencialista y derrotista; medidas diseñadas a partir de lo que suponíamos que no eran capaces de hacer, sin tener en cuenta sus fortalezas ni sus posibilidades reales de brillar. Se ha cumplido el expediente, sí, pero se ha dejado fuera a la persona.

Desde el IES Can Balo veo a diario cómo la burocracia opera muchas veces como una anestesia institucional. El sistema se conforma con certificar que un protocolo se activó a tiempo, en lugar de preguntarse si el chico o la chica aprendió algo o si alguien logró construir un vínculo significativo con él. Por eso necesitamos hacer una auténtica tarea de desescombro: toca dar la vuelta a esa burocracia y aprovecharla como un recurso. Así es como la entendemos en el IES Can Balo, donde programar no es rellenar casillas, sino discutir, debatir y preparar conjuntamente; y donde revisar un documento de centro es el motor de un claustro pedagógico real. Aprovechemos aquello del papeleo que sirve para cohesionar al equipo docente y dar sentido a la práctica. En las aulas socioeducativas nos negamos a aceptar que un informe sustituya a la mirada.

Porque superar esa mirada asistencialista exige dejar de parchear el déficit individual con medidas de mínimos. Desmontar el molde de verdad significa renunciar a las adaptaciones de saldo que presuponen la incapacidad del alumno y apostar rotundamente por el Diseño Universal: para garantizar propuestas de centro y de aula pensadas para todos y todas, donde el alumnado no esté solo para «estar» o «participar», sino para que progrese y aprenda lo máximo posible desde sus propias capacidades. Cuando cambiamos esa perspectiva y sumamos la docencia compartida, descubrimos que no existía una falta de capacidad, sino una falta galopante de oportunidades reales de aprendizaje.

Planteas con acierto la contradicción entre una escuela inclusiva y una escuela obsesionada con la clasificación y el rendimiento. Es verdad que cambiar esta lógica exige recursos y una necesaria bajada de ratios; sin embargo, capear el temporal a base de medios materiales no basta. Si no contamos con un modelo base firme, riguroso y compartido sobre qué significan realmente la equidad y la inclusión, los recursos se diluyen en las mismas inercias de siempre. Necesitamos, sobre todo, transformar las culturas de los centros para que, cuando lleguen los medios, encuentren prácticas verdaderamente inclusivas. Todo ello exige un auténtico coraje profesional. La verdadera inclusión empieza cuando la presencia de quien desordena la norma no se percibe como una amenaza para el rendimiento de la mayoría, sino como un indicador inequívoco de la salud ética de la comunidad educativa.

Y es justo aquí donde me vas a permitir que te lance un órdago, Juan; tómalo como una invitación en firme desde el respeto absoluto, la complicidad y el compañerismo que nos une en DIME+: el sistema educativo necesita, hoy más que nunca, una inspección valiente. Una inspección que no se limite a arbitrar la norma desde la distancia, sino que quiera posicionarse claramente, situarse al lado de los claustros y de las familias, y liderar la construcción de redes reales. En esta tarea, todos los agentes de la comunidad educativa (instituciones educativas, docentes, familias y alumnado) tenemos que sumar y no restar entre nosotros.

Si la inspección acepta el reto de dar ese paso al frente para tejer alianzas y posicionarse, las direcciones debemos asumir una responsabilidad igual de ineludible: ser escudo y palanca. Escudo para proteger al profesorado del peso aplastante de la burocracia inútil, y palanca para transformar los centros en espacios de acogida restaurativa donde la diversidad no sea una excepción tolerada, sino la base sobre la que se edifica la convivencia.

Efectivamente, Juan, la inclusión no es una plantilla ni una auditoría impecable. Es una postura ética que se demuestra cuando estamos dispuestos a desarmar el molde para que quepan todos y todas, especialmente quienes ya no tienen más margen al que ser desplazados.

 Este diálogo entre la inspección y la dirección no pretende quedarse en una reflexión a dos voces ni en una coincidencia amigable entre compañeros. «A dos voces» nace para incomodar, para cuestionar nuestras inercias y, sobre todo, para abrir espacios donde la comunidad educativa pueda tomar la palabra. Por eso, queremos trasladar esta conversación a los centros, a las aulas y a las redes con dos cuestiones que nos interpelan directamente en el día a día:

Preguntas finales para la participación en redes

  1. ¿Hasta qué punto nuestras prácticas diarias en el aula y en los despachos priorizan la tranquilidad burocrática sobre la vinculación educativa con el alumnado más vulnerable?
  2. ¿En qué momento consideras que un alumno o alumna está realmente incluido y no simplemente integrado?
  3. ¿Qué prácticas, decisiones o inercias de nuestros centros siguen generando exclusión, aunque no sea de forma intencionada?
  4. Si pudieras cambiar un solo aspecto de la organización escolar para favorecer la inclusión, ¿cuál sería y por qué?
  5. ¿Qué papel deberían asumir la inspección, las direcciones, el profesorado y las familias para avanzar hacia una inclusión real?

Deja un comentario